Los defraudadores de Patrimonio quedan impunes por falta de competencias de la Junta

La Junta ingresó el año pasado por el gravamen sobre la riqueza diez millones de euros menos que en el año anterior, lo que supone una merma del 22% con respecto a un año antes, debido a que en 2013 se produjo una recaudación extraordinaria tras la amnistía fiscal puesta en marcha un año antes por el Ministerio de Hacienda. A esta pérdida de recursos disponibles para el erario público de Castilla y León se le añade el jarro de agua fría que ha supuesto en la Consejería de la que es titular Pilar del Olmo descubrir que sus medios son insuficientes para perseguir a los castellanos y leoneses adinerados que se fugan a Madrid, donde el patrimonio no tributa.

Los obligados a contribuir por el Impuesto sobre el Patrimonio conocidos popularmente como los ricos, proporcionaron a las arcas autonómicas de Castilla y León 34,3 millones de euros en 2014, frente a los 44,1 millones que abonaron un año antes. En 2013, la recaudación se había incrementado el 44,6% con respecto a los 30,5 millones ingresados en 2012 como consecuencia de la aportación de «los contribuyentes que se acogieron al proceso de regularización, que tuvieron que declarar en Patrimonio los bienes aflorados de los años no prescritos», según explicaron desde la Consejería de Economía y Hacienda. Estas declaraciones se produjeron entre febrero y abril de 2013 y no se repitieron en 2014.

El impacto en la recaudación de la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro fue, según la Junta, de unos seis millones de euros en la región, de modo que la caída en la recaudación, en comparación homogénea, sería de alrededor de cuatro millones de euros, o del 10%.

En cuanto a la cifra de declarantes del impuesto sobre el Patrimonio, que están obligados a cumplimentar las personas físicas con bienes o derechos superiores a dos millones de euros, su progresión se estancó el año pasado en la comunidad autónoma, después del leve incremento del precedente. En 2012 ascendieron a 7.356 personas; un año después pasaron a ser 7.491 (el 1,8% más) y en 2014 se situaron en 7.499 contribuyentes.

Lejos quedan estos números de los que se registraban hace una década, cuando la normativa fiscal relativa a Patrimonio incluía menos exenciones. En el año 2008 fueron 51.307 los declarantes de este impuesto en Castilla y León, que aportaron unos ingresos de 83,5 millones de euros.

Cambios normativos

En ese ejercicio fue eliminado el gravamen por este tributo, lo que supuso que no existieran declaraciones entre los años 2008 a 2010, con presentaciones de 2009 a 2011. Este último año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo restableció, con carácter temporal, para los dos siguientes ejercicios. Después, el Ejecutivo de Mariano Rajoy prorrogó su vigencia, en principio, hasta 2015.

Desde su reinstauración se produjeron modificaciones sustanciales en el tributo, que vio elevada la reducción general de 108.182 a 700.000 euros. Además, la exención por vivienda habitual se duplicó, al pasar de 150.253 a 300.000 euros.

Ello, tal como explica la Memoria de Recaudación de Hacienda, supuso «una disminución muy significativa del número de obligados tributarios, por lo que las comparaciones con las declaraciones del año 2008 y anteriores son poco significativas».

La Junta anunció el año pasado la puesta en marcha de un plan especial de lucha contra el fraude tributario para investigar a los contribuyentes con rentas elevadas que viven en Castilla y León pero han cambiado su domicilio fiscal a otras autonomías, en especial a Madrid, para no pagar el Impuesto de Patrimonio.

«Estamos viendo si esos cambios son ficticios», explicó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en diciembre del año pasado, tras recordar que las personas que viven más de 183 días en la comunidad autónoma deben tener su domicilio fiscal y tributar en Castilla y León. Las investigaciones, señaló la titular de Hacienda, se estaban centrando en comprobar si personas que viven en la región y hacen uso de los servicios públicos como la sanidad y la educación autonómicas, se empadronan en Madrid para eludir el pago del impuesto y «defraudan a los intereses de todos los castellanos y leoneses».

Ingresos por liquidaciones

Desde la Consejería de Economía y Hacienda admiten que a pesar de que han localizado «a un número de contribuyentes que a partir del año 2014 han dejado de declarar en Castilla y León para declarar, básicamente, en Madrid, el problema es demostrar que el cambio de domicilio es ficticio, algo que resulta inviable sin la asistencia de la Agencia Tributaria».

Las comprobaciones llevadas a cabo en las declaraciones presentadas en 2014, por otra parte, sí motivaron un total de 213 liquidaciones con un total a ingresar de 560.320 euros.