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Certificado de trabajo de Guillermo Suils enviado desde Salamanca en el que consta que pertenecia al Trust Joyero de Madrid.
La demanda contra la Generalitat evidencia apropiaciones ilegales de documentos
PAPELES DEL ARCHIVO

La demanda contra la Generalitat evidencia apropiaciones ilegales de documentos

Se han convertido en «particulares catalanes» a refugiados y militares de paso

FRANCISCO GÓMEZ

Domingo, 20 de abril 2014, 16:14

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El pasado 24 de marzo el investigador salmantino Policarpo Sánchez iniciaba la batalla legal contra la Generalitat de Cataluña para solicitar el retorno al Centro Documental de la Memoria Histórica de una significativa cantidad de documentos y otros enseres enviados en los últimos años a Barcelona desde Salamanca al amparo de la Ley de Restitución Documental del año 2005. Según la denuncia formulada por el experto, la aplicación de este marco legal se ha traducido, sin embargo, en el envío "fraudulento" de un gran número de fondos que o bien no fueron incautados en Cataluña o no fueron incautados a particulares con residencia en Cataluña (preceptos que marca la ley) o si cumplieron estos principios no han sido sin embargo luego entregados por la Generalitat a sus legítimos propietarios y, según una sentencia del Tribunal Constitucional, siguen entonces perteneciendo al archivo estatal con sede en Salamanca.

La demanda ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, abriendo bajo tutela de la magistrada Ana Rubira Moreno un camino procesal en el que la Generalitat tendrá que entregar toda la documentación vinculada con el litigio iniciado por el investigador.

Policarpo Sánchez abría esta batalla en febrero de 2013 con la solicitud a la Generalitat para que retornara a Salamanca los documentos que a su juicio estaban en Barcelona aplicando criterios fuera de la ley. El pasado 10 de enero, una resolución firmada por el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, negaba cualquier retorno de fondos a Salamanca, cerrando así la vía administrativa.

Acusaciones ciertas

Eso a pesar de que el conseller viene a reconocer que muchas de las acusaciones que ha formulado en los últimos años el experto salmantino son ciertas y señala que efectivamente se han producido errores a la hora de identificar los papeles trasladados desde el Centro de la Memoria. Mascarell subraya no obstante el hecho de que todos los documentos enviados a Cataluña pasaban previamente por una comisión mixta formada por el Ministerio de Cultura y la Generalitat: un organismo político y no técnico que dirimía los casos dudosos.

Demostrar el alcance de estos posibles errores y evidenciar la falta de criterio «impuesta por el afán de la Generalitat de apropiarse del mayor número de documentos» es el objetivo de la demanda de Policarpo Sánchez, que está preparando un amplio dossier que entregará a la magistrada del TSJ en los próximos días, cuando se abra el turno de sustanciación de las pruebas.

Pruebas entre las que ocupan un lugar preferente los documentos vinculados a particulares asturianos enviados a Cataluña. La mayor parte de estos fondos refleja la actividad del PSOE de Asturias y la relación con los refugiados socialistas de Gijón que en octubre de 1937 huyeron a Barcelona. La Agrupación Socialista de Refugiados Asturianos operó en la ciudad catalana hasta su ocupación por las tropas franquistas en enero de 1939.

Era una entidad jurídicamente dependiente de la Federación Socialista Asturiana y mantuvo bajo su control al Centro Asturiano de Cataluña. Sin embargo, todos los fondos vinculados a estos colectivos han sido entregados a la Generalitat como supuestamente relativos a particulares catalanes. Además, la administración catalana ha otorgado la titularidad de esta documentación al Centro Asturiano de Barcelona (entidad que nada tiene que ver con la que funcionó durante la Guerra Civil y que, de hecho, fue fundada en 1952), a cambio de que cediera el depósito de los papeles al Archivo Nacional de Cataluña.

Además de los papeles asturianos, otros casos singulares son igualmente llamativos y ponen de manifiesto errores «de bulto» a la hora de identificar los papeles de particulares catalanes. Para Sánchez, en ocasiones da la sensación de que la comisión mixta se ha dejado llevar por «el oído» para clasificar papeles, es decir que «si sonaba catalán se incluía en los traslados». Pudiera ser el caso de Guillermo Suils Fuster. Su nombre aparece en la Orden Ministerial de envío de papeles a Cataluña firmada el 19 de julio de 2011 por el entonces director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco.

Es un único documento, concretamente un certificado de trabajo de 1937 que acredita que trabaja en el Trust Joyero de Madrid como «oficial de taller desde las ocho a las diez y ocho» (sic) y que vive evacuado en la calle Manuel Longoria, en vez de en su residencia habitual de la calle Limón de Madrid.

Este certificado aparece en la relación de papeles enviados a Barcelona con la signatura «expediente 25 de la caja 134 de la sección PS-Barcelona» del antiguo Archivo General de la Guerra Civil. ¿Por qué se considera documentación catalana y por qué se incluye a Guillermo Suils como particular de esta comunidad? La investigación llevada a cabo apunta que ambas cosas son un error y para ello se ha rastreado la historia de este joyero que nació en Logroño (como atestigua el Registro Civil de esta ciudad) en 1911 en el seno de una familia de origen aragonés. En 1928 la familia se traslada a Madrid y de hecho Guillermo ya aparece en el padrón de 1930 como residente en la calle Limón de la capital y trabajador del Trust Joyero.

Está empleado en una joyería de la Puerta del Sol, esquina con la calle del Carmen. En 1935 el padrón madrileño sigue recogiendo esta misma residencia, que sin embargo abandonaría al inicio de la guerra, al estar muy expuesta la zona a los bombardeos en el distrito de la Universidad. Es evacuado al domicilio de un primo, el médico Eladio Suils, que reside en el número 3 de Manuel Longoria (el domicilio que aparece en el certificado).

Curiosamente, durante esa misma época otro primo de Guillermo, también médico, dio refugio en su clínica de Arturo Soria a Escrivá de Balaguer, con el que la familia mantenía estrecha relación desde sus años en Logroño.

En cuanto a Guillermo, en marzo de 1937 es llamado a filas por la República y destinado al Jarama (4ª Compañía del 93 Batallón de la 24 Brigada Mixta). Posteriormente se incorpora al frente de Madrid en la 9ª División del III Cuerpo del Ejército. En este punto, el 11 de octubre de 1937, aprovecha la confusión por la brecha abierta por los golpistas en la carretera de Seseña y deserta.

Cambio de bando

Tras 'pasarse' de bando, es enviado a la prisión de Tinajas en Talavera de la Reina y posteriormente al campo de concentración de Cáceres. El 2 de noviembre obtiene la libertad y se integra en las filas nacionales en el Regimiento de Infantería Argel número 27, donde sería ascendido a cabo poco antes del final de la guerra. Al concluir la contienda, Guillermo Suils regresa a Madrid, recupera su oficio de joyero y vuelve a su casa de la calle Limón. Nunca más saldría de la capital.

Una historia no demasiado distinta a muchas que se sucedieron durante la cruel contienda si no fuera por el hecho de que el joyero de la Puerta del Sol ha sido incluido entre los particulares supuestamente catalanes a los que se trata de restituir con la entrega de sus papeles.

El periplo de Guillermo Suils, que nunca tuvo domicilio ni residencia en Cataluña, evidencia que algo ha fallado en la aplicación de la ley. En este caso, ni tan siquiera su documentación fue incautada en Cataluña, ya que pasó la Guerra Civil entre Madrid, Toledo y Cáceres.

La única explicación para que se incluyera entre los fondos de "restitución" a familias catalanas es el hecho de que se encontrara en las cajas marcadas como "PS-Barcelona", donde teóricamente el Archivo de la Guerra Civil custodiaba los papeles incautados en los registros de la ciudad catalana.

Sin embargo, todos los conocedores del antiguo archivo insisten en que la distribución en cajas nunca fue rigurosa y que a lo largo de los años se mezclaron los distintos contenidos. Prueba evidente de ello es que la Generalitat de Cataluña reclama en el último envío de papeles pendiente desde Salamanca numerosa documentación que se conservaba en las cajas marcadas como 'PS-Madrid' y que si se aplicara la signatura como criterio estarían fueran de la ley, ya que supuestamente solo fueron incautados en Madrid.

Para Policarpo Sánchez, «la familia Suils representa el caso de muchas otras familias españolas expoliadas y evidencia que los controles y rigor científico que se le suponían a la comisión mixta Ministerio de CulturaGeneralitat, en los que se excusa el conseller catalán para dar por válidos los traslados, saltan por los aires ante casos así», afirma el experto, quien considera también que hay numerosas evidencias de que «los miembros del Patronato del Centro Documental de la Memoria que votaban a favor de las salidas de papeles lo hacían únicamente por criterios políticos y no técnicos».

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